¡Otra vez se armó la marimorena en Cataluña!

A juzgar por cómo se han encolerizado muchos nacionalistas en Cataluña desde que ha trascendido la propuesta de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) parece que desde el gobierno del Estado pretendan hacer saltar el código lingüístico catalán en pedazos. No cabe duda de que el actual modelo educativo que imponen desde la Generalitat de Cataluña es muy positivo para los niños catalanohablantes, pero todo lo contrario para el resto de escolares con una lengua materna distinta. No se trata de suprimir la inmersión en “català” en Cataluña sino de ofrecer a cada comunidad lingüística, si los recursos así lo permiten, la inmersión en su lengua materna como recomienda la UNESCO (“es axiomático que el mejor modo de educar a un niño es en su lengua materna”) o como mal menor una inmersión que no sea tan desequilibrada para todas las partes. Porque la educación infantil en las escuelas públicas de Cataluña se imparte a razón de 24 horas a la semana en “català”, 1 hora en inglés y 0 horas en castellano con alguna excepción que no se aleja apenas de esta brutal proporción. En esta línea, llegados posteriormente los escolares a la educación primaria pública, se introduce el castellano con dos horas lectivas semanales. Esa es la tozuda realidad y el ensordecedor ruido que se oye en los medios de comunicación públicos o subvencionados de Cataluña es ganas de embotar el razonamiento de las masas para que tome partido por una causa que, al margen del instinto nacionalista, no hay por donde cogerla. Y en este orden de cosas en Cataluña sucede que demasiados representantes gubernamentales no solo se creen con el derecho a negar derechos lingüísticos inalienables a los castellanohablantes en todos los ámbitos institucionales autonómicos sino a sentirse hondamente agraviados si alguien se arriesga a reclamarlos. Se lo dice un catalán de nacimiento, castellanohablante, que es discriminado permanentemente en las instituciones públicas de Cataluña y que, en contadas ocasiones, ha podido vencer las reticencias del “Síndic de Greuges” de Cataluña para que llame al orden a algún “servidor público” que va por la vida incumpliendo el código legal vigente y conculcando derechos individuales e intransferibles a los ciudadanos.