Habrá quien no haya puesto aún nombres y apellidos a los verdaderos culpables de esta insoportable subida de precios de los productos de primera necesidad que anda padeciendo todo el pueblo llano en España. Habrá entre el poder legislativo y ejecutivo quien sabiéndolo reniegue de señalar a los principales responsables de las salvajadas que se están produciendo con la galopante inflación que afecta a la cesta de la compra de todo Cristo en este país.
Tomar las riendas en este acuciante asunto ya no admite demora alguna, sobre todo para el Gobierno de España que es al que más le compete. Y como se le ve dando palos de ciego con efímeras bajadas de IVA que caen en saco roto, me voy a permitir poner mi granito de arena para revertir este problemón. Todo mientras se da a conocer a la opinión pública el nombre concreto de tanto frescales como anda metiendo sus sucias manos en las cosas de comer sin que los que tienen la obligación de organizar nuestras vidas de forma satisfactoria desde las instancias políticas se vean en el brete de señalarlos directamente.
Pues bien, del mismo modo que existe una reglamentación que garantiza la trazabilidad de los alimentos para garantizar la protección del consumidor, debería ser obligatorio añadir en la etiqueta de todo producto alimentario el precio del mismo en cada una de las etapas (producción, trasformación, distribución) de la cadena que acaba en la estantería de un punto de venta. Lógicamente, todo lo anterior acompañado de un severo régimen sancionador aplicable a todo aquel que posteriormente falsee el dato de cualquier precio para no quedar en entredicho. Luego, a ver quien es el guapo que añade su nombre o marca comercial a la etiqueta cuando sextuplique el valor de un producto sin razones objetivas.
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